RegioPoder exige aclarar a la Fiscalía Anticorrupción qué investigó ante presunta triangulación en Nuevo León

La organización ciudadana demandó una respuesta pública y por escrito sobre las operaciones hacia un despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador Samuel García.

La plataforma ciudadana RegioPoder demandó al Congreso local llamar a comparecer al titular de la Fiscalía Anticorrupción para explicar el seguimiento dado a las transferencias millonarias reportadas por la Auditoría Superior del Estado.
La plataforma ciudadana RegioPoder demandó al Congreso local llamar a comparecer al titular de la Fiscalía Anticorrupción para explicar el seguimiento dado a las transferencias millonarias reportadas por la Auditoría Superior del Estado.(Foto: Especial)

Monterrey.- La organización civil RegioPoder exigió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León emitir una respuesta pública y por escrito para esclarecer qué acciones ha emprendido en torno a la presunta triangulación de recursos públicos hacia un despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador Samuel García.

A través de un posicionamiento oficial, la organización cuestionó desde cuándo tuvo conocimiento la autoridad ministerial sobre estas transferencias, qué operaciones fueron incluidas en sus indagatorias previas y qué medidas tomó tras darse a conocer nuevos hallazgos financieros.

El reclamo cobra relevancia luego de que, el pasado 4 de noviembre, el fiscal general del estado, Javier Flores Saldívar, declarara que los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación correspondían a hechos distintos a los revisados en expedientes anteriores y que el caso competía directamente a la Fiscalía Anticorrupción.

La exigencia de RegioPoder se produce el mismo día en que el auditor superior del Estado, Alejandro Reynoso Gil, presentó ante el Congreso local los resultados de la Cuenta Pública 2025, en los que reportó 786 depósitos por un monto total de 1,696.6 millones de pesos hacia un despacho jurídico; de dicha cifra, 728.1 millones corresponden a cuatro rutas de presunta triangulación y 968.5 millones a otros depósitos de proveedores y movimientos bajo investigación.

Ante ello, la plataforma pidió aclarar si la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó la documentación que respalda estos hallazgos.

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Al respecto, Andrea García Sierra, directora general e integrante de la vocería de RegioPoder, demandó precisiones con fechas exactas sobre el actuar del órgano procurador de justicia.

“¿Para qué sirve una Fiscalía Anticorrupción en un caso como este? Para seguir el dinero, determinar si hubo un delito y llevar el caso ante un juez cuando existan elementos. Por eso le pedimos que diga cuándo tuvo conocimiento, qué hizo con la información y qué determinó en los expedientes anteriores. Si alguna operación quedó fuera, que explique quién la está investigando y desde cuándo”.

Foto: Facebook

Piden revisar cuentas públicas de 2021 a 2024

Asimismo, RegioPoder solicitó al Congreso de Nuevo León y a la Auditoría Superior del Estado informar, ejercicio por ejercicio, si en las revisiones de las cuentas públicas correspondientes a 2021, 2022, 2023 y 2024 se rastrearon los pagos de proveedores estatales que habrían llegado al despacho mediante empresas intermediarias, tal como se reportó periodísticamente desde marzo de 2024.

El contador público Juan Carlos Pérez Góngora, fundador de la organización, subrayó la necesidad de trazar la ruta completa del erario.

“La revisión tiene que seguir el dinero desde la Tesorería, pasar por los proveedores y las empresas intermediarias e identificar su destino final. Queremos saber si eso se hizo en 2021, 2022, 2023 y 2024. Si hubo observaciones, que se explique cómo se atendieron. Si se dio vista al Ministerio Público, que se informe cuándo, a qué autoridad y por cuáles operaciones”.

Finalmente, el coordinador general de RegioPoder, Arturo Ramírez González, exhortó al Poder Legislativo a citar a comparecer al titular de la Fiscalía Anticorrupción y a requerir un informe detallado a la Auditoría estatal.

Con ello, concluyó la agrupación, la ciudadanía podrá determinar si las autoridades actuaron con oportunidad o si existieron omisiones frente a los señalamientos de desvío de recursos.

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